lunes, 3 de julio de 2017

Respuesta a una presidenta independentista

Carme Forcadell i Lluís
Presidenta del Parlamento
de Cataluña

Señora:

Desde una organización contra la corrupción con la que colaboro me han trasladado la convocatoria de comparecencia remitida por Ud. a su domicilio social, para que lo haga el próximo 18 de julio a las 17 horas, ante la Comisión de Investigación sobre la operación Cataluña en ese Parlamento. La sede social de dicha organización no es mi domicilio y no recibe mi correspondencia personal.

El día 18 de julio no podré acudir a su convocatoria por razones de inexcusable atención por mi parte. Si consideran convocarme para fecha posterior -a partir de octubre es muy posible que hayan desaparecido las circunstancias que me impedirán acudir ahora- lo haré, siempre que ello sea posible, atendiendo a las consideraciones que le expondré a continuación.   

Cualquier citación dirigida a mí puede tramitarse a través de la Dirección General de la Policía. Soy policía en situación de segunda actividad sin destino, sujeto a los mismos principios básicos de actuación y régimen disciplinario que en situación de Activo. No facilitarle mi dirección particular no es un capricho; he aparecido cuatro veces en listas como  objetivo de ETA, que aunque ya no mata sigue teniendo elementos violentos; he recibido amenazas de muerte en redes sociales por personas anónimas con esteladas (con especial insistencia el año 2014 por realizar manifestaciones contrarias al referéndum ilegal del 9N), y en mis años de actividad policial y sindical he formulado denuncia contra policías corruptos que han cumplido largas condenas de cárcel, lo que justifica mantener cierta reserva sobre mi domicilio.
  
Sería conveniente también que se extremara el cumplimiento de los requisitos legales en la siguiente citación, si se produce, dada la calidad del escrito que he recibido y que puede ser fácilmente falsificado (fotocopiado, borroso y con una firma no autenticada debajo del texto en catalán, que no entiendo, y sin firmar debajo del texto en castellano), evitando que deba realizar comprobaciones sobre la veracidad de la convocatoria que puedan demorar mi comparecencia.

Señala Ud. en el escrito que con mi testimonio aporte “…los conocimientos que tenga, o la participación que haya podido tener en relación con la existencia de la denominada Operación Cataluña, u otras operaciones policiales o de los servicios de seguridad del Estado en relación con el proceso político que está viviendo Cataluña estos últimos años, y sobre si en el marco de estas operaciones se han efectuado escuchas, seguimientos, informes y dossiers sobre personas con actividad política en Cataluña, partidos políticos u organizaciones y entidades, y cuál ha sido el alcance y contenido de estas actuaciones, así como sobre los conocimientos que tenga sobre los informes anónimos de la UDEF”.

Estar sometido al secreto profesional impide facilitar cualquier información que pueda ser conocida con motivo de mi desempeño profesional; a tal efecto, haber sido secretario general del sindicato mayoritario durante más de 20 años no me exime de expedientes disciplinarios, querellas ni sanciones como le explico seguidamente.

El ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, me invitó a comer el 22 de abril de 2012, junto con un miembro del PP que había ocupado cargo relevante en Interior en el pasado, para “convencerme” de que dejara de denunciar la existencia de un ático sospechoso en Estepona, alquilado, según unos, propiedad por comisiones ilegales, según otros, del entonces vicepresidente de la comunidad de Madrid Ignacio González. Mi negativa y posterior denuncia judicial sobre las sombras de dicho ático dieron lugar a tres querellas y cuatro expedientes (el último con propuesta de 45 días de sanción todavía pendiente) en mi último año de mandato como secretario general, que concluyó en junio de 2013.

Para la primera de dichas sanciones se utilizó como excusa la remisión al juzgado y difusión a medios de comunicación del “informe UDEF”. Dicho informe nos llegó de forma anónima y tras su análisis y coincidir con las críticas que desde años atrás recibíamos de quienes estaban en esas tareas de investigación judicial, concluimos que no era un documento oficial pero refería hechos que se habían y se estaban investigando en la UDEF, donde existía un gran malestar por la dispersión de sumarios que, según nos informaban, formaba parte de una estrategia premeditada para no acumular en un solo caso las prácticas corruptas que se llevaban a cabo en la administración catalana, pretendiendo con ello diluir la magnitud de la corrupción de la que se tenía conocimiento.

Sobre el informe UDEF se ordenó una investigación  a la unidad de Asuntos Internos en la que a mí no me tomaron declaración; el jefe de UDEF, ascendido después a jefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez López, mantuvo ante el juzgado que no era un informe oficial, y Cosidó dispuso la apertura de un expediente disciplinario contra mí que cerró con una sanción de suspensión de 45 días de empleo y sueldo, siendo el primero de los varios que tuve tras su amenaza por no retirar la denuncia del ático. Recurrida la sanción ante la autoridad judicial competente, la misma consideró que se trataba de vulneración del secreto profesional y ratificó la sanción graduada con 30 días en vez de 45, considerando que primaba la condición profesional sobre la libertad sindical, por lo que la condición de responsable sindical no era eximente, ignorando que al no ser un documento oficial no podía existir vulneración de secreto. Ahorro cualquier comentario sobre la fiscalía de Madrid (Manuel Moix) y su funcionamiento en ese periodo, y sobre presiones políticas a los jueces. Con este antecedente, entenderá Ud. que mientras esas normas no se cambien hay poco margen de maniobra para contar nada, ni en esa Comisión de Investigación ni en ninguna otra, salvo que sean hechos delictivos o irregulares de los que tenga pruebas, único caso en que podría manifestarlo en esa Comisión y que, en caso de haberse producido tal circunstancia, ya habría  denunciado ante la autoridad judicial competente. Le ahorro detalles de otras sanciones recibidas en ese periodo 2012-2013, pero sirva de ejemplo una condena a multa de 60€ por injurias leves (despenalizada) por querella de otro mando policial afín a Cosidó, que el director general y su mano derecha Antonio Rodríguez, (que sigue ocupando el mismo cargo hoy, subdirector General de Recursos Humanos), consideraron que merecía un reproche disciplinario de 20 días de suspensión de empleo y sueldo; para que se apreciara su capacidad discrecional de graduar la sanción, el expediente fue presentado en la misma reunión del Consejo de Policía donde se vio otro expediente a un comisario destinado en Canarias a quien por dos delitos graves, uno de ellos con riesgo para la vida de la ciudadanía, le imponían cinco días de sanción por cada uno de ellos; una falta leve por actividad sindical se sanciona con 20 días, dos delitos graves, con riesgo para las personas, con 10 días.

 Los informes anónimos de UDEF, como Ud. bien dice, son anónimos, llegaron a la sede sindical en dos tandas, primero uno que se estaba difundiendo en medios de comunicación, y en fechas posteriores otros varios más, sin que se sepa la identidad del autor/autores del envío ni de la elaboración. Los sobres que los contenían fueron guardados en la sede para entregarlos a la unidad de Asuntos Internos, puesto que inmediatamente se anunció una investigación de dicha Unidad, pero a nosotros nadie nos tomó declaración al respecto ni nos solicitó que aportáramos ni los sobres ni los informes recibidos. Parece como si supieran quien los había hecho o no les interesara saberlo. Desconozco si los  sobres siguen custodiados en el sindicato y podrían ser objeto de alguna prueba pericial; dejé la secretaría general en junio de 2013 y la presidencia de honor en junio de 2014. Dudo que sigan allí porque la personación como acusación popular que realizamos en octubre de 2012 en el caso del ático del vicepresidente de la comunidad de Madrid, Ignacio González, y que tanto molestaba a los mandos políticos del Gobierno, fue retirada por el sindicato una vez abandoné la presidencia de honor. No parece que tengan interés por colaborar en descubrir corruptos. La actual secretaria general, Mónica Gracia, era vicesecretaria general cuando se recibieron los informes, aparece conmigo y otros tres miembros de la dirección nacional en la rueda de prensa convocada para entregarlo, y desconozco si ha tenido alguna noticia posterior sobre el asunto que pueda ayudar a la identificación de los autores del informe.

De actuaciones policiales en Cataluña he oído hablar en determinados círculos policiales desde mediados de la década de los 80. Desde el caso Banca Catalana, donde tenía un cargo de responsabilidad el expresidente Pujol, ya se decía que el Gobierno (entonces presidido por Felipe González) les permitía prácticas corruptas para que fueran políticamente moderados. No tengo documentación ni prueba alguna que pueda acreditar que eso sea cierto. Ese rumor se amplió en la década de los 90 con motivo del nombramiento como vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de CiU, del juez Luis Pascual Estevill, condenado y expulsado de dicho órgano en 1996, siendo condenado también en el mismo caso el abogado Juan Piqué Vidal, que lo fue del Sr. Pujol en el caso Banca Catalana, por delitos de soborno, chantaje, alzamiento de bienes, detención ilegal, cohecho continuado y prevaricación, entre otros, comentándose en determinados círculos policiales que tanto el juez como el abogado eran delincuentes protegidos por la corrupción política catalana, lo que les permitía actuar impunemente y ocupar cargos de alta responsabilidad con la complicidad del Gobierno de España. Se comentaba también que el CESID elaboraba seguimientos y notas sobre las personas que iban a acceder a esos cargos de alta responsabilidad, extremo que no puedo confirmar que sea cierto.                     

Rumores y comentarios siempre han existido respecto de la impunidad con la que se cometían delitos en Cataluña; durante los últimos años de mi mandato como secretario general existía el convencimiento en personas que trabajaban en las unidades de investigación especializadas, que cuando se recibían denuncias que pudieran afectar a políticos catalanes cercanos a Pujol se impedía su investigación. De eso se quejaban miembros de la UDEF, contando que algunos de ellos habían pedido la baja porque les modificaban sus informes, y que cuando pretendían establecer relación entre varios casos de prácticas corruptas en Cataluña que afectaban a políticos del gobierno catalán se paralizaban o se tramitaban como asuntos por separado, impidiendo conocer la magnitud de la corrupción a investigar en dicho territorio. Lo que conozco de la operación Cataluña es eso, lo mismo que de la operación Madrid, si a las acciones policiales en los casos Púnica, Gürtell, Lezo… contra presuntos delincuentes alguien quisiera darle ese nombre y pretender que es un ataque político contra miembros del PP en Madrid.

Lo que hicimos con los papeles de UDEF en el SUP es exactamente lo mismo que hicimos con el caso del ático: remitir los datos que teníamos a los juzgados correspondientes y a los medios de comunicación, uno en Barcelona que llevaba el caso Palau y otro en Estepona, a quien correspondía por la localización del ático. Y lo mismo que hicimos durante años en casos similares con otras denuncias, por ejemplo de irregularidades en la adquisición de robots del TEDAX, en el servicio de arquitectura y obras (en trámite judicial), en la adquisición de vehículos, etc., siempre que existieran unos indicios suficientes sobre los hechos a denunciar.

Considero que para facilitar datos en una Comisión parlamentaria o en sede judicial hay que tener indicios sólidos, pruebas o datos concretos que puedan arrojar luz sobre el asunto en cuestión, y no es el caso. Mis opiniones, creencias, conocimientos, conversaciones… en las que haya oído cualquier tipo de comentario o información no serán vertidas en ninguna Comisión ni ante ningún organismo oficial porque no lo considero procedente sin disponer de las pruebas que así lo avalen.

Lo que sé de lo que se llama operación Cataluña es, además de por comentarios y conversaciones privadas, por los medios de comunicación. Conozco que hay diligencias judiciales abiertas por la acusación contra el sr. Trias, por la que está imputado el exDirector Adjunto Operativo, Eugenio Pino (quien al parecer mantiene la veracidad de dicha información), y he leído en los medios de comunicación que el sr. De Alfonso manifestó haber visto un pantallazo de la presunta cuenta del Sr. Trías mostrada en su teléfono por el sr. Fuentes Gago.

 Supongo que ya sabrán, porque además de en comentarios entre policías se ha publicado en distintos medios, que se creó una Brigada en el seno de la Unidad de Asuntos Internos para hacer “investigaciones delicadas” cuando dicha unidad estaba dirigida por el comisario principal Marcelino Martín-Blas Aranda. Que Martín-Blas viajó en noviembre de 2012 a Barcelona, acompañado del ex jefe de UDEF José Luís Oliveras, para, según informaciones periodísticas, tratar de convencer al fiscal del caso Palau, Sánchez Ulled, de algún asunto relacionado con la investigación del caso Palau, investigación con la que nada tenía que ver la Unidad de Asuntos Internos que él dirigía. Al parecer estuvo también presente en dicha reunión el fiscal Bermejo, si bien todo esto que expongo es de conocimiento a través de medios de comunicación y no directamente por los citados u otras personas implicadas. Informaciones de terceras personas cuya veracidad no he podido contrastar, dicen que el señor Martín-Blas llevaba un documento de varios folios a la referida reunión con los fiscales, con argumentos (y párrafos completos me dijeron) idénticos a algunos contenidos en el informe UDEF. No sé si el cotejo de ambos documentos puede aportar alguna luz sobre el particular. Por otra parte en la Policía funciona la Junta de Gobierno, en la que están los comisarios generales, subdirectores, DAO, jefes de División y director general de la Policía, que posiblemente puedan aportar más datos que yo sobre esta operación Cataluña. Varios miembros de la Junta de Gobierno de la Policía nombrada por Cosidó siguen ocupando los mismos u otros cargos de la misma en la actualidad.

En relación con informes, dossier, etc., no conozco ninguno que haya sido elaborado con datos falsos para perjudicar a ningún político, salvo lo que he conocido por medios de comunicación, como en el del antes señalado como “caso Trías”, que el ex DAO defiende y se está tramitando en los tribunales, y sobre el conocido como “informe PISA” que, según criterio general en medios de comunicación, policías, jueces y fiscales que lo han leído (yo no), es una evidente manipulación propia de una policía política dirigido contra el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Respecto a este informe PISA he leído en algunos medios de comunicación que el entonces jefe de UDEF, Manuel Vázquez López, trató con algunos jueces y fiscales para que se iniciara una investigación judicial sobre dicho informe, lo que solo es posible si era un documento oficial, (es el mismo mando que negó que el informe UDEF hubiese salido de dicha unidad); si bien esas gestiones no puedo confirmarlas por evidencia empírica que tenga en mi poder, se ha publicado en distintos medios de comunicación y no se ha producido rectificación.

Me permito señalar que, a expensas de otros datos, dossiers o información que existan en poder de las señorías que trabajan en la referida comisión, busquen el origen del informe PISA, a través del entonces jefe de la UDEF antes citado o por otras vías, porque si existía operación Cataluña y policía política, quien elaboró ese engendro seguro que no es ajeno a quienes hacían otros informes falsos y otro tipo de maniobras ilegales.

Dos consideraciones finales.

Primera, que si deciden que puedo aportar algo personalmente en la Comisión y me vuelven a citar (a través de la Dirección General de la Policía), con la citación me hagan llegar, por el medio y forma que estimen oportuno, la dieta de manutención correspondiente para el desplazamiento desde Sevilla a Barcelona y la estancia, alojamiento y billete de transporte de ida y vuelta, porque no voy a adelantar ni un euro de mi modesto salario para esa  comparecencia.

Segunda, que en la citación, si se produce, solicito conste información sobre el partido o partidos políticos que propusieron y decidieron mi comparecencia, pues según que sean partidos que respetan las leyes del Estado español o sean independentistas, que han decidido no cumplirlas por considerarse patriotas de Cataluña, decidiré sobre mi asistencia o no a dicha Comisión asumiendo las consecuencias legales que de ello puedan derivarse. Si hay políticos que consideran por su sentimiento patriótico que pueden dejar de cumplir las leyes del Estado, como patriota español –y policía, socialista y jacobino- decidiré en conciencia si acudir o no a la convocatoria de ese Parlamento, que no es el mío, y sobre el que nunca he podido votar. Apelar al reglamento del parlamento de Cataluña, que ni conozco ni me importa (porque soy andaluz), o al Código Penal, que forma parte de la legalidad que no reconocen salvo para aplicármela a mí y exigirme su cumplimiento, es de una hipocresía política y de una catadura moral que no califico para no ofender innecesariamente.

Atentamente,










             Fdo.: José Manuel Sánchez Fornet